Velázquez, Democratic Lawmakers Urge FOMB to Stop University of Puerto Rico’s Dismantling

Washington, D.C. – With the Financial Oversight and Management Board set to certify a revised Fiscal Plan for the University of Puerto Rico , Congresswoman Nydia M. Velázquez and Democratic colleagues today urged the Board to reject any plan that continues nearly a decade of austerity and instead restore stable public investment, protect pensions, halt tuition increases, and address the demands driving ongoing student strikes.“For more than a decade, the University of Puerto Rico has faced a fiscal crisis worsened by austerity measures that limit its development and accessibility for students,” wrote the lawmakers. “This crisis not only affects the student body but also impacts the entire territory. Weakening public education limits social mobility, reduces research, and affects the services that the institution provides to communities, putting the future of Puerto Rico at risk.”

The University of Puerto Rico’s 11 campuses, along with the Conservatory of Music and the School of Visual Arts and Design, are the island’s only public higher education system, serving nearly 43,000 students, about 27% of Puerto Rico’s university population. Beyond the classroom, UPR operates research centers, a hospital, agricultural extension programs, and free community clinics, while leading Puerto Rico in academic research and producing 90% of the island’s NSF, NIH, and NASA-funded research projects.

UPR’s President has acknowledged that the revised Fiscal Plan introduces no significant new revenue, spending reductions, or pension reforms. Since March, students have protested in opposition to the plan and demanded increased funding, underscoring the administration’s failure to address the university’s growing budget crisis. 

In the letter the lawmakers urge FOMB to support the following provisions:

1. Support a phased increase of the state allocation to the University’s budget.
2. Cap tuition costs at both undergraduate and graduate levels.
3. Encourage the hiring and retaining of teaching and non-teaching personnel.
4. Ensure adequate funding for the UPR Retirement System.

5. Include academic reforms that are driven by quality education and have the support of the student body and faculty.

    

“The need for a stable UPR, with commensurate public funding, has never been more crucial,” wrote the lawmakers. “As Congressional Members who represent the island or large Puerto Rican diasporas, we remain concerned that the revised Fiscal Plan submitted by the UPR Governing Board, to remain in effect through the 2027 Fiscal Year, does not take into consideration the current needs of the University.”

The letter was signed by Representatives Delia C. Ramirez, Jesús ‘Chuy’ García, Dan Goldman, Alexandria Ocasio-Cortez, Nellie Pou, Adriano Espaillar, Pablo José Hernández, and Darren Soto. 

The letter was endorsed by the Faculty Union at the UPR (APPU), the Asociación de Profesores y Profesoras del Recinto Universitario de Mayagüez (APRUM), and Students’ General Council of the UPR at Río Piedras. 

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Velázquez y legisladores demócratas instan a la Junta de Supervisión Fiscal a detener el desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico

En una carta dirigida a la Junta de Control Fiscal, los legisladores reclaman un aumento de la inversión pública, medidas de protección de las pensiones y un límite máximo para las tasas de matrícula, en un contexto de crecientes protestas estudiantiles

Washington, D.C. – Ante la inminente certificación por parte de la Junta de Supervisión y Administración Financiera de un Plan Fiscal revisado para la Universidad de Puerto Rico, la Congresista Nydia M. Velázquez (D-NY) y sus colegas demócratas han instado hoy a la Junta a rechazar cualquier plan que prolongue casi una década de austeridad y, en su lugar, restablezca una inversión pública estable, proteja las pensiones, frene el aumento de las matrículas y atienda las reivindicaciones que motivan las huelgas estudiantiles en curso. “Durante más de una década, la Universidad de Puerto Rico se ha enfrentado a una crisis fiscal agravada por medidas de austeridad que limitan su desarrollo y la accesibilidad de los estudiantes,” escribieron los legisladores. “Esta crisis no solo afecta al estudiantado, sino que también repercute en todo el territorio. El debilitamiento de la educación pública limita la movilidad social, reduce la investigación y afecta a los servicios que la institución presta a las comunidades, poniendo en riesgo el futuro de Puerto Rico.”

Los 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico, junto con el Conservatorio de Música y la Escuela de Artes Visuales y Diseño, conforman el único sistema público de educación superior de la isla, al que acuden cerca de 43 000 estudiantes, lo que representa aproximadamente el 27 % de la población universitaria de Puerto Rico. Más allá de las aulas, la UPR gestiona centros de investigación, un hospital, programas de extensión agrícola y clínicas comunitarias gratuitas, al tiempo que lidera la investigación académica en Puerto Rico y produce el 90 % de los proyectos de investigación de la isla financiados por la NSF, los NIH y la NASA.

El presidente de la UPR ha reconocido que el Plan Fiscal revisado no presenta nuevas fuentes de ingresos significativas, recortes en el gasto ni reformas en el sistema de pensiones. Desde marzo, los estudiantes se han manifestado en contra del plan y han exigido un aumento de la financiación, poniendo de manifiesto la incapacidad de la administración para hacer frente a la creciente crisis presupuestaria de la universidad.

En la carta, los legisladores instan a la JSF a respaldar las siguientes disposiciones:

1. Apoyar un aumento gradual de la asignación estatal al presupuesto de la Universidad.
2. Limitar los costes de matrícula tanto en los estudios de grado como de posgrado.
3. Fomentar la contratación y la retención de personal docente y no docente.
4. Garantizar una financiación adecuada para el Sistema de Jubilación de la UPR.

5. Incluir reformas académicas impulsadas por una educación de calidad y que cuenten con el apoyo del alumnado y del profesorado

    

“La necesidad de una UPR estable, con una financiación pública acorde, nunca ha sido tan crucial,” escribieron los legisladores. “Como miembros del Congreso que representamos a la isla o a las grandes diásporas puertorriqueñas, nos sigue preocupando que el Plan Fiscal revisado presentado por el Consejo de Gobierno de la UPR, que permanecerá en vigor hasta el año fiscal 2027, no tenga en cuenta las necesidades actuales de la Universidad.”

La carta fue firmada por los Congresistas Delia C. Ramírez, Jesús “Chuy” García, Dan Goldman, Alexandria Ocasio-Cortez, Nellie Pou, Adriano Espaillat, Pablo José Hernández y Darren Soto.

La carta fue respaldada por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), la Asociacion de Porfesores y Profesoras del Recinto Universitario de Mayagüez (APRUM), y el Consejo General de Estudiantes de la UPR Recinto de Rio Piedras.

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